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El paro de marzo de 2014: Mucho ruido y pocas nueces

Hoy se han publicado por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los datos relativos al paro registrado en los servicios públicos en marzo del 2014. La nota de prensa del Ministerio, como era de esperar, se centra en los aspectos más positivos de los datos registrados, señalando que el paro se ha reducido en 16.620 personas en el mes de marzo. A su vez, el número de afiliados a la Seguridad Social aumento en 83.984 de media en marzo, situándose en un total de 16.296.288. Con ser ciertos, la verdad es que el diablo siempre se esconde en aquellos datos que a principio pueden parecer superfluos, y a eso destino precisamente esta nueva entrada del blog. Read More →

Farsa judicial de Catalunya Bank para indemnizar con millones a directivos

Indemnizaciones millonarias: nadando en dinero

Se llaman Adolf Todó y Jaume Masana, y ocuparon los cargos de Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de Catalunya Banc, S.A respectivamente. El 10 de marzo de 2013, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (en adelante FROB), les comunicó su cese como Consejero Delegado y Presidente. Ese mismo día Catalunya Banc les despidió aduciendo diversos motivos, entre los cuales se incluía el incumplimiento de los deberes básicos que les correspondían por su posición y responsabilidad, incluido un intento de manipulación de las cuentas anuales del año 2010.

En este punto del relato es importante recordar que Catalunya Banc se encuentra nacionalizada desde el 30 de septiembre del año 2011, momento en que fue intervenida por el FROB. Tampoco podemos olvidar que este organismo se encuentra políticamente controlado por el Gobierno, pues la Comisión Rectora que lo gestiona está compuesta por 4 miembros designados por el Banco de España, uno de los cuales será el Subgobernador, así como por el Secretario General del Tesoro y Política Financiera, el Subsecretario de Economía y Competitividad, el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el Director General de Política Económica y el Director General de Presupuestos.

El 4 de marzo del 2014 el Juzgado de lo Social nº 8 de Barcelona ha declarado el despido de estos dos exdirectivos improcedente, debiendo abonar Catalunya Banc, S.A. una indemnización a cada uno de ellos de 600.000 euros. ¿Resulta escandaloso que quienes llevaron un banco a la quiebra sean indemnizados de forma millonaria? Sin duda, pero el que quiera buscar responsables haría bien en centrar su mirada en el FROB en lugar de hacerlo en el Juez, pues si algo deja claro la sentencia es que el Banco y el FROB hicieron todo lo posible para perder el juicio, de modo que el despido tuviera que ser declarado improcedente por el Juez.

Cuando el Banco comunicó el despido a Todó y Masana les entregó una carta de más de 10 folios de extensión, a lo largo de los cuales el Banco relataba múltiples hasta seis hechos que acreditarían un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones por parte de estos directivos. Sin embargo, y tal y como literalmente indica la sentencia, iniciado el juicio por despido “la dirección jurídica de la entidad demandada desiste y renuncia expresamente a la defensa de los hechos obrantes en la carta de despido” salvo tres excepciones que analizaremos a continuación. Para que todo el mundo lo entienda, lo que señala el Juez es que los abogados del Banco dicen que de los seis motivos que usaron para justificar el despido renuncian a tres. Reconozco que es la primera vez en mi vida como abogado laboralista, y eso que ya empiezo a tener canas, en la que una empresa renuncia expresamente en el juicio a la mitad de los hechos que utilizó en su carta para justificar el despido.

Pero para perder el juicio hace falta más, y la sentencia deja muy claro que los abogados de Catalunya Banc y el FROB se esforzaron en este propósito. El Juez achaca al Banco falta de concreción en las imputaciones contenidas en la carta de despido, incapacidad para acreditar estos hechos y, lo que es más grave insuficiencia probatoria. El Juez echa en cara a los abogados del Banco que no solicitasen el interrogatorio de Todó y Masana a pesar de estar estos presentes en el juicio, que no aportasen un informe pericial sobre el posible falseamiento de las cuentas del año 2010, que los documentos que aportaron como prueba fueran meras fotocopias sin firma ni dato que permitiera verificar su veracidad, que el único testigo propuesto por el Banco no tuviera conocimiento real sobre los hechos que se imputaban a estos dos directivos, que no se hubieran propuesto como testigos a las personas que se citan en la carta de despido como posibles conocedores de los hechos, etc. Con esto queda bien claro que dos no pelean cuando uno, (en este caso el Banco y el FROB), no quiere.

El Juez, que no es tonto, sabe que aquellos que con sus actos le obligaron a declarar la improcedencia del despido, son los mismos que al día siguiente saldrán en los medios de comunicación haciendo recaer el pago de la indemnización sobre él. Por eso, porque sabía lo que se le avecinaba, el Juez hace constar en varios puntos de su sentencia que todo está recogido en la “grabación del juicio”. Con ello nos indica claramente dónde se debe poner el foco de lo acontecido.

El Ministro De Guindos ha anunciado que la sentencia se va a recurrir para salvar la cara ante la opinión pública. Que nadie espere un buen resultado del recurso, lo que no se ha probado en el juzgado de lo Social no se puede probar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a la naturaleza extraordinaria del recurso de suplicación. Alguien del FROB debe salir a dar explicaciones de forma inmediata sobre lo sucedido, pues Catalunya Banc es una entidad nacionalizada y seremos los ciudadanos los que, en definitiva, pagaremos 1,2 millones de euros de indemnización por despido a los responsables de emitir participaciones preferentes sin control, y todo, porque alguien decidió que ese juicio se debía perder. Y se perdió.

Para descargar la sentencia, clic aquí.

La extinción del contrato a voluntad del trabajador por retraso en el pago de salarios

Una de las consecuencias más dramáticas de esta interminable crisis económica es que, en no pocas ocasiones, el salario de los trabajadores se ha convertido en un mecanismo de financiación empresarial. En un contexto de cierre del crédito bancario, sin posibilidad de acceder a financiación, el impago o el retraso en el abono de las nóminas a las trabajadores ha sido el sistema escogido para hacer frente al pago de los acreedores que permitan mantener la actividad empresarial. Las consecuencias de esta decisión, pocas veces medida, puede resultar para la empresa mucho más dramática a medio plazo de lo que se piensa. ¿El motivo? La posibilidad del trabajador de rescindir el contrato obteniendo una indemnización equivalente a la del despido improcedente. Read More →

El “sueldo” de la Reina y la Princesa

LOS REYES Y LOS PRINCIPES RECIBEN A LA SELECCION DE BALONMANO

Ayer nos enterábamos a través de todos los medios de comunicación de que la Zarzuela había decidido asignar un sueldo a la reina y a la princesa Letizia. Los titulares para comentar la noticia eran bien elocuentes; “Zarzuela pone sueldo a la Reina y a la Princesa” (El Mundo); “El Rey profesionaliza la labor de la Reina y la Princesa y excluye a las infantas” (El País); o “El Rey asigna un sueldo a la Reina de 131.739 euros y de 102.464 a la Princesa” (El Confidencial).

Vaya por delante mi respeto al ejercicio de transparencia realizado por la Casa Real, más necesario que nunca en estos duros momentos para gran parte de la ciudadanía, que tiene todo el derecho a conocer el destino de cada euro de sus impuestos. Ahora bien, ¿la Reina y la Princesa tienen realmente un “sueldo” como se nos ha indicado?.

Hablar de “sueldo”, es decir, de salario, viene a suponer la existencia de una relación de carácter laboral. De ser esto así, son muchas las cuestiones que quedan por dar a conocer a los ciudadanos.

¿Qué tipo de contrato han suscrito la Reina y la Princesa? ¿Estamos ante un contrato laboral ordinario por tiempo indefinido o ante un contrato de alta dirección regulado por el Real Decreto 1.382/1985? ¿Será un contrato de artista en espectáculos públicos?

¿Cuál es la base de cotización de ambas? ¿Se está aplicando a la cotización la nueva reforma laboral del Gobierno incluyendo dentro de la base cotizable los gastos de transporte o de alimentación?

¿Quién es el empresario en este caso? ¿El Rey? ¿La Casa Real? ¿El Gobierno?

¿Cuál es la jornada de trabajo de la Reina y la Princesa? ¿Tienen jornada continua o partida?

¿Cuál es, en su caso, el convenio colectivo de aplicación?

Lo que quiero transmitir con estas preguntas (aunque podría hacer muchas otras), es que básicamente caben dos opciones: La primera es que a la Reina y la Princesa se les haya asignado realmente ese “sueldo”, en cuyo caso, lo lógico sería que la debida transparencia en la gestión del dinero público conllevara dar respuesta a las preguntas que acabo de plantear. La segunda opción, mucho más probable en mi opinión, es que bien el redactor de la Casa Real, bien los periodistas que han publicado la noticia, han optado por llamar “sueldo” a lo que realmente es una asignación o una aportación para gastos. En un país con seis millones de ciudadanos desesperados por lograr un “sueldo” no se puede utilizar esta expresión de forma gratuita. Las palabras tienen su importancia, aún cuando se hable de la Monarquía.

Los Tribunales intentan frenar el abuso político en el nombramiento de funcionarios por libre designación

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Cuando el 12 de abril del año 2007 se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, fueron muchos los que pensaron que con el se culminaba el proceso de organización y racionalización del empleo público, creando a través de sus diversos artículos un sistema equitativo de derechos y obligaciones para todos los trabajadores al servicio de las administraciones públicas, con independencia de la ente, organismo u administración para la cual prestaran servicios, y al margen del vínculo que le uniera a la misma, (funcionario, estatutario o laboral). Es innegable que el Estatuto Básico supuso un avance  en los derechos de los empleados públicos, tanto en cuanto a materializar su derecho a la carrera profesional, como por  armonizar  las licencias y permisos de todos ellos. Pero el legislador, que no toma sus decisiones a la ligera, se guardó una serie de privilegios, tanto para salvaguardar los intereses de la propia clase política, como para dejar sin efecto los avances alcanzados en los derechos de los empleados públicos. Read More →

La reforma de los contratos de Bañez se convierte en un cambio puramente cosmético

INEM

Durante los últimos meses han sido constantes las manifestaciones del Gobierno, especialmente de la Ministra de Empleo Fátima Bañez, señalando la necesidad de acometer una simplificación en las modalidades de contratación laboral existentes en España, facilitando con ello los trámites burocráticos que permitan un incremento del empleo. Resulta innegable que históricamente nuestros legisladores han considerado que el mejor método de crear empleo era subvencionar el mismo, es decir, establecer bonificaciones fiscales a la contratación de determinados colectivos. Esta tendencia a la bonificación como medida de fomento del empleo, compartida por gobiernos de todos los colores políticos, trajo como consecuencia la existencia de hasta 43 tipos diferentes de contratos laborales. Podríamos afirmar que un/a empresario/a, a la hora de tomar la decisión de contratar a un/a trabajador/a, prácticamente tiene que hacer un Master en Gestión Laboral para elegir el tipo de contrato más correcto. Read More →