Carta a Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno. 

Señor Presidente:

Me veo en la obligación, en primer lugar como ciudadano, y en segundo, como abogado conocedor de los problemas de la justicia de nuestro país, de denunciar públicamente las políticas y proyectos que se están impulsando desde el Ministerio de Justicia desde que su Gobierno tomó posesión. Todas las iniciativas adoptadas o iniciadas en el último año y medio tienen por objetivo disuadir, o cuando menos dificultar, la posibilidad de que el ciudadano medio pueda acceder a la justicia. Al mismo tiempo, se están tramitando proyectos legales que buscan una mayor injerencia del poder político en la organización y funcionamiento del poder judicial, restringiendo con ello la independencia de los jueces y la división de poderes. No quiero hacer una carta extensa, señor Presidente; simplemente quiero que reconsideren sus políticas en el ámbito de la justicia y dejar constancia de lo siguiente:

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de impulsar un nuevo modelo construido sobre la base de considerar a la justicia no como un poder del estado al servicio de todos los ciudadanos, sino como un privilegio en el que la capacidad económica será determinante para poder acceder al mismo.

Acuso nuevamente al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón,  de impulsar e implantar la Ley de Tasas Judiciales que está imposibilitando, o dificultando, el acceso a la justicia de las clases medias, los autónomos y las PYMES.

Acuso al Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de utilizar la administración de justicia como mecanismo meramente recaudatorio, obviando que su función primordial es garantizar la convivencia entre los ciudadanos y el respeto y defensa de sus derechos.

Acuso también al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apoyado por su “Consejo de Expertos”, de impulsar un nuevo modelo de organización territorial mediante la supresión de cientos de partidos judiciales, incluidos los de grandes ciudades como Vigo, Gijón, Santiago, Cartagena o Ferrol, alejando a los ciudadanos de la justicia.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar privatizar el Registro Civil, dejándolo en manos de los registradores de la propiedad.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con la complicidad del Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de promover la reducción del derecho a la asistencia jurídica gratuita, privando de este beneficio, entre otros colectivos, a la totalidad de los trabajadores.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar tomar el control del Consejo General del Poder Judicial mediante la aprobación de una nueva LOPJ, poniendo en riesgo la división de poderes y la existencia de una auténtica justicia.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de intentar sustraer a los jueces la instrucción de las causas penales, incluidas las que afectan a los políticos, para dejarlas en manos de la fiscalía, la cual tiene una evidente dependencia jerárquica del Ministerio.

Acuso al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de actuar de forma unilateral, sin negociar y consensuar sus reformas con el Consejo General de la Abogacía, Consejo General del Poder Judicial, organizaciones de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, Procuradores, Sindicatos de Justicia, organizaciones de consumidores y usuarios y de los distintos partidos que configuran el arco parlamentario.

Por último, acuso a la totalidad de los integrantes del Gobierno de España por justificar, amparar, defender o tolerar, por acción u omisión, todos los hechos que he denunciado.

Nuestra colaboradora Belén Imedio ha elaborado el siguiente artículo para denunciar la situación de Arturo Pedrero, Médico de Familia que sufre limitaciones en la movilidad de su brazo derecho y tras obtener plaza como Médico Interno Residente se enfrenta a un informe del Ministerio de Sanidad que considera que su pequeña minusvalía lo hace “no apto” para su trabajo. A lo largo de este artículo Belén Imedio nos explica por qué la decisión del Ministerio es contraria a la normativa de prevención de riesgos. Puedes apoyar a Arturo Pedrero en su lucha firmando su petición en Change.org desde aquí.

El artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL)  señala que se ha de garantizar de forma específica la protección de trabajadores, que tengan reconocida su situación de discapacidad, y sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Seguir leyendo →

El 20 de marzo del 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictaba una sentencia muy esperada por los laboralistas tras la entrada en vigor, en febrero del año anterior, de la reforma laboral. Desde ese momento estábamos expectantes por conocer el criterio  del Tribunal Supremo sobre la nueva regulación de los despidos colectivos y la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Sin duda, una de las materias donde la reforma laboral introdujo mayores modificaciones.

Pues bien, como señalaba, esas dudas han comenzado a disiparse, fijando el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo los primeros criterios interpretativos que, de ahora en adelante, deberán ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo. Seguir leyendo →

El caso que relatamos hoy es el de una trabajadora que es despedida de una administración pública, habiéndole sido concedido pocos días antes del cese el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijo. En el momento en que solicitó esta reducción la trabajadora ya había sido preavisada de su inminente despido. Seguir leyendo →