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El fraude laboral de la figura del falso autónomo

Uno de los hechos más relevantes que ha traído consigo la crisis laboral que estamos padeciendo es la intensa destrucción de contratos indefinidos de trabajadores por cuenta ajena, así como al mismo tiempo, una notable incremento en el número de personas que deciden darse de alta como trabajadores por cuenta propia o autónomos. El problema surge del hecho de que muchos de estos trabajadores por cuenta propia son en el fondo falsos autónomos, al encontrarse ligados a empresas con las cuales mantienen una relación de clara subordinación y dependencia. El objeto de este artículo es poner algo de luz sobre el trabajo autónomo y sus limitaciones, para evitar con ello que empresas y trabajadores pueden incurrir en fraude a la hora de acudir a este mecanismo de prestación de servicios. 

Para ello debemos partir de la distinción legal entre el trabajador por cuenta ajena, que viene recogida en los artículos 1.1. y 8.1. del Estatuto de los Trabajadores, y la definición del trabajador por cuenta propia o autónomo, que viene consagrada en el los artículos 1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Así, el Estatuto de los Trabajadores define al empleado por cuenta ajena como aquel que, voluntariamente, presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Por su parte, el artículo 1 del Estatuto del Trabajador Autónomo incluye dentro de este ámbito a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Read More →

La Justicia europea allana el camino para la deslocalización y el dumping salarial

People of the EU

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que allana el camino a la deslocalización y el dumping salarial entre los países de la UE. Se trata de una sentencia de enorme transcendencia social que, curiosamente, no ha tenido eco ni en los grandes medios ni en las páginas especializadas en cuestiones jurídicas.

La sentencia del TJUE abordaba el asunto C‑549/13, donde son partes la Bundesdruckerei GmbH y Stadt Dortmund, y cuyo objeto es abordar el alcance de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.  Read More →

Gallardón se va, las tasas judiciales se quedan

gallardon

(Publicado en eldiario.es, 23/09/2014)

Muchas personas celebran hoy la dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes, de momento, permanecen.

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones, un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.

Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a mejorar la justicia gratuita.

Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos.

No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura), entre otras.

Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por causa de la Ley de Tasas Judiciales.

Los directivos también tienen derecho a indemnización por despido

Junta directiva

Sin duda esta entrada del blog que vais a leer es una de las que más orgulloso me siento, pues su objetivo es explicar la reciente  jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de indemnización por despido para los trabajadores contratados al amparo del RD 1382/85, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del Personal de Alta Dirección. El orgullo de este articulo se debe a que esta nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha logrado mediante el trabajo conjunto de dos abogados vigueses, en concreto mi compañero y amigo Javier de Cominges Caceres y el que os escribe.

La Sentencia, de fecha 22 de abril del 2014, tiene gran relevancia en el mundo jurídico laboral, toda vez que es la primera en la que el Tribunal Supremo analiza que sucede si el empresario extingue el contrato de trabajo de un alto directivo por desistimiento (es decir, de forma unilateral y sin necesidad de alegar motivo alguno), y si en estos supuestos el trabajador alto directivo tendría derecho, o no, a la indemnización legal que, en esta relación laboral especial, es de 7 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 6 mensualidades; y ello  a pesar de que en su contrato de trabajo se hubiera pactado expresamente que en caso de extinción  el trabajador no tendría derecho a ninguna indemnización. Es decir, que no existiría derecho a la indemnización mínima de 7 días por año, por renuncia del trabajador. Puedo adelantar que la Sentencia del Tribunal Supremo estima el Recurso interpuesto por el trabajador  y condena a la empresa demandada a “abonarle en concepto de indemnización por el desistimiento de la relación laboral de alta dirección, la indemnización de siete días de salario por año de antigüedad...” Read More →

El Constitucional se excede de sus funciones para proteger la Reforma Laboral del Gobierno

Después de más de dos años de espera el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Navarra frente Reforma Laboral y, visto el resultado, mejor había sido continuar esperando. Con independencia de la valoración jurídica de la sentencia, que es lo que a continuación desarrollaré, debo empezar este artículo denunciando los excesos interpretativos cometidos por el TC en su argumentación. Es preciso recordar que el TC no forma parte del Poder Judicial, y por tanto no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, por lo cual tiene absolutamente vedado el análisis de cuestiones de legalidad ordinaria. La labor del TC se limitará a determinar si una determinada norma se ajusta a la Constitución o no, sin poder hacer valoraciones sobre la oportunidad y necesidad de una norma, ni sobre cuestiones de legalidad ordinaria cuya decisión le corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.

Vaya esta aclaración por delante, pues a la vista de la sentencia del TC sobre la Reforma Laboral tengo la absoluta convicción personal de que este Tribunal no solo ha traicionado su doctrina previa, sino que se ha excedido  claramente en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Explicaré mi tesis atendiendo a la valoración del Tribunal Constitucional de uno de los aspectos más controvertidos de la Reforma Laboral, en concreto el periodo de prueba en los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores. Read More →

La sentencia de despido de Bárcenas destapa fraudes laborales en el PP

Barcenas

La demanda presentada por Luís Bárcenas contra el Partido Popular denunciando la improcedencia de su despido ya tiene sentencia, y es desestimatoria. Esta es la decisión adoptada por el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid en primera instancia. Con independencia del fallo, lo cierto es que la sentencia destapa la existencia en el Partido Popular de prácticas generalizadas de fraudes en materia de empleo y seguridad social que es necesario analizar junto con los hechos y fundamentos que han llevado a la Magistrada a desestimar la demanda de Luís Bárcernas.

Varios son los hechos declarados probados de la sentencia que merecen nuestra atención y no podemos pasar por alto.

1. Que Bárcenas fue contratado por el Partido Popular el 2 de marzo de 1982 con la categoría de licenciado, siendo cesado en su puesto de trabajo mediante despido disciplinario el 27 de septiembre de 1987 al ausentarse sin permiso al trabajo durante tres días. Lo curioso viene ahora, pues en el acto de conciliación el Partido Popular ofreció a Bárcenas la nada desdeñable cantidad de 4 millones de pesetas que fue aceptada por este trabajador. Más curioso aun es que Bárcenas estuvo en situación de desempleo entre el 6 de octubre de 1987 y el 30 de enero de 1989, y que al día siguiente de acabarse su prestación por desempleo, es decir, el 1 de febrero de 1989, volvió a ser contratado por el Partido Popular. ¿Cuántas empresas conocéis que hayan vuelto a contratar a trabajadores que despidieron previamente?. Si estás sospechando la comisión de un fraude al Servicio Público de Empleo puede  que no estés muy desencaminado, pues la sentencia señala que en las nóminas de Bárcenas, a pesar de su despido del año 1987, se señalaba que su antigüedad en el Partido Popular era de 2 de marzo de 1982.

2. Que el 1 de abril del 2004 Luís Bárcenas solicitó por escrito al Partido Popular pasar a la  situación de excedencia forzosa, al amparo del artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores, dado su designación como senador. Como consecuencia de esta situación fue dado de baja en la Seguridad Social por el Partido Popular, pero dado de alta en la Seguridad Social en el régimen parlamentario, situación en la que se mantuvo hasta el 19 de abril del año 2010. A su vez el Partido Popular volvió a darlo de alta en la Seguridad Social el 16 de abril del año 2010 sin constar que Luís Bárcenas hubiera solicitado su reingreso al trabajo tras la situación de excedencia. Esto supone que durante el nuevo periodo en que Bárcenas estuvo vinculado al PP se habría encontrado en situación de excedencia.

3. El 31 de enero de 2013 Bárcenas fue dado de baja en la Seguridad Social por el partido popular, haciéndose constar por el Partido Popular como causa la “Dimisión-Cese Voluntario”. No consta ningún escrito de Luís Bárcenas comunicando su dimisión ni tampoco la existencia de carta de despido alguna. Tampoco consta probado en la sentencia que Bárcenas hubiera presentado su dimisión verbalmente ni en el año 2010 ni en el 2013. Hasta el 31 de enero de 2013 este trabajador percibió regularmente su nómina mensual que en el momento del cese ascendía a 18.257,21 euros brutos mensuales.

4. La Magistrada también considera probado que en el periodo comprendido entre abril de 2010 y enero de 2013, y por tanto en el momento en el que Bárcenas ya estaba imputado por la supuesta comisión de diversos delitos, el Partido Popular ponía a su disposición las instalaciones de la Calle Genova, le había asignado un chofer para sus desplazamientos, contaba con secretaria personal a cargo del partido, así como servicio de informática. Asimismo disponía de cuenta de correo electrónico del Partido Popular. También quedó probado que Bárcenas acudía regularmente a la sede del PP, si bien no de forma diaria

Estos son los hechos que el Juzgado de lo Social nº 16 de Madrid considera probados. Ahora vamos con las valoraciones jurídicas.

Lo primero que debemos destacar es que la sentencia afirma que no existió ningún pacto en el año 2010 entre Bárcenas y el Partido Popular para dar por finalizada la relación que los unía. Es decir, el salario que Bárcenas percibió hasta enero del año 2013 no fue “una indemnización en diferido en forma de simulación” (Cospedal dixit). Según el criterio de la Magistrada nos encontraríamos realmente ante una simulación contractual de las contempladas en los artículos 1275 y 1276 del Código Civil, que se refieren a contratos sin causa, con causa falsa o con causa ilícita. Dura acusación, sin duda, para el partido que nos gobierna.

Partiendo de la existencia de este negocio contractual con causa falsa o ilícita, la Magistrada considera que no queda probado que Bárcenas trabajara realmente para el Partido Popular. El artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que su ámbito de aplicación se extiende a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario, y para la Magistrada estas circunstancias no han concurrido. La sentencia reconoce que entre 2010 y 2013 Bárcenas estaba expresamente autorizado por el Partido Popular para usar y disponer de sus instalaciones, contando con personal del Partido a su servicio, así como la existencia de una retribución mensual fija y periódica y una situación de alta en la Seguridad Social, pero que esas instalaciones se usaron a título particular y no para desarrollar un trabajo por cuenta ajena para el PP. Este es el fundamento principal incluido en la sentencia para desestimar la demanda de Bárcenas.

Con todo el respeto a la Magistrada y a la sentencia que ha dictado debo reconocer que su conclusión me parece discutible. Para apreciar la existencia de una relación laboral se exige la concurrencia de tres elementos simultáneos, que son la ajenidad, la dependencia y la existencia de una retribución fija y periódica. Sobre la situación de dependencia, (puesta a disposición de Bárcenas de las dependencias del PP y de trabajadores de esta organización, ausencia de medios propios del trabajador, etc.), no cabe duda, tampoco de la existencia de una retribución fija y periódica y de una situación de alta en la Seguridad Social.

El punto de conflicto se encuentra por tanto en la concurrencia de la nota de ajenidad, es decir, el ejercicio de un poder de dirección del PP sobre la actividad realizada por Bárcenas, obteniendo el Partido los frutos de este trabajo. La sentencia considera que no existen pruebas de que Bárcenas hubiera realizado actividad alguna para el Partido en el período 2010-2013, pero esta circunstancia en si misma no es determinante de la inexistencia de una relación laboral.  No podemos olvidar uno de los derechos básicos del trabajador, tal y como señala el artículo 4.1.a) del Estatuto de los Trabajadores es el de la “ocupación efectiva”, es decir, la obligación del empresario de proporcionarle al trabajador  la actividad comprometida. Era el PP el que tenía que suministrar a Bárcenas actividad laboral como asesor, y no Bárcenas el que tendría que inventársela. El hecho de que el Partido Popular no asignara funciones a Bárcenas, pero sin embargo le abonara un salario fijo y periódico, le tuviera de alta, y le permitiera usar sus instalaciones son las notas características de la falta de ocupación efectiva. Obligar a Bárcenas a probar que desarrollaba trabajos para el PP cuando estos no le eran asignados constituiría lo que en derecho denominamos una “prueba diabólica”, nadie está obligado a probar lo que no existe. La falta de ocupación efectiva es posible dentro de una relación laboral, y precisamente por eso el artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores permite al trabajador rescindir unilateralmente su relación laboral cuando se produce esta circunstancia.

A la vista de los hechos probados considero que en el caso de Luís Bárcenas si que se produjo un despido improcedente, y que la relación laboral que unía a este trabajador con el PP era una relación laboral, con independencia que por parte de este Partido se estuviera ejecutando una falta de ocupación efectiva. Otra cosa es que su abogado no hubiera tenido en cuenta estas circunstancias en su defensa.

La otra posibilidad es que la situación de Bárcenas respondiera efectivamente a un negocio simulado, con causa falsa o ilícita tal y como señala la sentencia del Social 16 de Madrid. Esto supondría que por el PP se habría producido un fraude a la Seguridad Social, disfrazando una indemnización por despido del año 2010 en cotizaciones a la Seguridad Social y salario, con lo que esto supone de cara a generar prestaciones indebidas como desempleo, jubilación, invalidez, etc.

En cualquiera de los dos casos algo está claro, el Partido Popular no sale muy bien parado al resultar indiscutible su incumplimiento de la legislación laboral.

Los más curiosos podéis leer la sentencia pinchando aquí  SENTENCIA DESPIDO BARCENAS