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El Supremo contractualiza las condiciones laborales generando la ultractividad indefinida de los convenios colectivos

Hace pocos días, y coincidiendo prácticamente con el tercer aniversario de la puesta en marcha de la Reforma Laboral, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre uno de los aspectos más conflictivos que rodearon la puesta en marcha de la Ley 3/2012, y en concreto el mantenimiento, o no, de la ultractividad de un convenio colectivo cuando no existe otro de ámbito superior.

Para entrar a analizar esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo es preciso hacer antes un poco de historia. La Ley 3/2012, por la que se puso en marcha la Reforma Laboral, modificó múltiples artículos del Estatuto de los Trabajadores, entre ellos el 86, en el cual se regula la ultractividad de los convenios colectivos una vez finalizada su vigencia. Tres fueron los aspectos fundamentales que modificó la Ley 3/2012. Read More →

El fraude laboral de la figura del falso autónomo

Uno de los hechos más relevantes que ha traído consigo la crisis laboral que estamos padeciendo es la intensa destrucción de contratos indefinidos de trabajadores por cuenta ajena, así como al mismo tiempo, una notable incremento en el número de personas que deciden darse de alta como trabajadores por cuenta propia o autónomos. El problema surge del hecho de que muchos de estos trabajadores por cuenta propia son en el fondo falsos autónomos, al encontrarse ligados a empresas con las cuales mantienen una relación de clara subordinación y dependencia. El objeto de este artículo es poner algo de luz sobre el trabajo autónomo y sus limitaciones, para evitar con ello que empresas y trabajadores pueden incurrir en fraude a la hora de acudir a este mecanismo de prestación de servicios. 

Para ello debemos partir de la distinción legal entre el trabajador por cuenta ajena, que viene recogida en los artículos 1.1. y 8.1. del Estatuto de los Trabajadores, y la definición del trabajador por cuenta propia o autónomo, que viene consagrada en el los artículos 1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Así, el Estatuto de los Trabajadores define al empleado por cuenta ajena como aquel que, voluntariamente, presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Por su parte, el artículo 1 del Estatuto del Trabajador Autónomo incluye dentro de este ámbito a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Read More →

La Justicia europea allana el camino para la deslocalización y el dumping salarial

People of the EU

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que allana el camino a la deslocalización y el dumping salarial entre los países de la UE. Se trata de una sentencia de enorme transcendencia social que, curiosamente, no ha tenido eco ni en los grandes medios ni en las páginas especializadas en cuestiones jurídicas.

La sentencia del TJUE abordaba el asunto C‑549/13, donde son partes la Bundesdruckerei GmbH y Stadt Dortmund, y cuyo objeto es abordar el alcance de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.  Read More →

Gallardón se va, las tasas judiciales se quedan

gallardon

(Publicado en eldiario.es, 23/09/2014)

Muchas personas celebran hoy la dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes, de momento, permanecen.

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones, un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.

Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a mejorar la justicia gratuita.

Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos.

No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura), entre otras.

Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por causa de la Ley de Tasas Judiciales.

Los directivos también tienen derecho a indemnización por despido

Junta directiva

Sin duda esta entrada del blog que vais a leer es una de las que más orgulloso me siento, pues su objetivo es explicar la reciente  jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de indemnización por despido para los trabajadores contratados al amparo del RD 1382/85, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del Personal de Alta Dirección. El orgullo de este articulo se debe a que esta nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha logrado mediante el trabajo conjunto de dos abogados vigueses, en concreto mi compañero y amigo Javier de Cominges Caceres y el que os escribe.

La Sentencia, de fecha 22 de abril del 2014, tiene gran relevancia en el mundo jurídico laboral, toda vez que es la primera en la que el Tribunal Supremo analiza que sucede si el empresario extingue el contrato de trabajo de un alto directivo por desistimiento (es decir, de forma unilateral y sin necesidad de alegar motivo alguno), y si en estos supuestos el trabajador alto directivo tendría derecho, o no, a la indemnización legal que, en esta relación laboral especial, es de 7 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 6 mensualidades; y ello  a pesar de que en su contrato de trabajo se hubiera pactado expresamente que en caso de extinción  el trabajador no tendría derecho a ninguna indemnización. Es decir, que no existiría derecho a la indemnización mínima de 7 días por año, por renuncia del trabajador. Puedo adelantar que la Sentencia del Tribunal Supremo estima el Recurso interpuesto por el trabajador  y condena a la empresa demandada a “abonarle en concepto de indemnización por el desistimiento de la relación laboral de alta dirección, la indemnización de siete días de salario por año de antigüedad...” Read More →

El Constitucional se excede de sus funciones para proteger la Reforma Laboral del Gobierno

Después de más de dos años de espera el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Parlamento de Navarra frente Reforma Laboral y, visto el resultado, mejor había sido continuar esperando. Con independencia de la valoración jurídica de la sentencia, que es lo que a continuación desarrollaré, debo empezar este artículo denunciando los excesos interpretativos cometidos por el TC en su argumentación. Es preciso recordar que el TC no forma parte del Poder Judicial, y por tanto no es un órgano jurisdiccional propiamente dicho, por lo cual tiene absolutamente vedado el análisis de cuestiones de legalidad ordinaria. La labor del TC se limitará a determinar si una determinada norma se ajusta a la Constitución o no, sin poder hacer valoraciones sobre la oportunidad y necesidad de una norma, ni sobre cuestiones de legalidad ordinaria cuya decisión le corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.

Vaya esta aclaración por delante, pues a la vista de la sentencia del TC sobre la Reforma Laboral tengo la absoluta convicción personal de que este Tribunal no solo ha traicionado su doctrina previa, sino que se ha excedido  claramente en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Explicaré mi tesis atendiendo a la valoración del Tribunal Constitucional de uno de los aspectos más controvertidos de la Reforma Laboral, en concreto el periodo de prueba en los contratos indefinidos de apoyo a los emprendedores. Read More →