Author Archives: Fabiã¡n Valero Moldes

>Esta semana no os voy a aburrir con un artículo de carácter puramente laboral, sino que, partiendo de esa base, voy a reflexionar sobre un cambio que considero imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cual sería ese cambio?…Pues algo tan complejo y díficil de conseguir como establecer la responsabilidad solidaria de la clase política, así como de los técnicos responsables de la respectiva Administración Pública, en aquellos supuestos en que se produzca una clara y evidente actuación fraudulenta o irregular por parte de la Administración Pública.

Despues de acumular a mis espaldas unos cuantos años de lucha frente a las Administraciones Públicas, he ido descubriendo que, en buena medida, muchos de los conflictos surgidos en las mismas se derivan de la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones de los cargos políticos y de los técnicos que asesoran a los mismos. Solo desde esta perspectiva, se puede entender como desde las Administraciones Públicas se realizan actos claramente fraudulentos en materia laboral (despidos improcedentes, contrataciones temporales en fraude de ley, evidentes cesiones ilegales de mano de obra, discriminaciones salariales en función del mayor o menor grado de cercanía personal del trabajador, etc.).

Cuando uno no asume las consecuencias de sus actos, a diferencia de lo que sucede con un empresario que responde de su negligente gestión con su patrimonio, la consecuencia no puede ser otra que la generalización del fraude y el amiguismo. Por desgracia, a lo largo de estos últimos años, he tenido que asistir a múltiples procesos en los cuales, el motivo para cesar a un trabajador, no tenía otra explicación que haber sido contratado por el gobierno saliente, empleado que por supuesto había sido contratado en fraude y cuyo sustituto también será contratado en fraude por el nuevo gobierno. ¿Quien asume el enorme gasto que para las arcas públicas supone afrontar esas indemnizaciones?¿Quien asume las consecuencias de seguir engordando una Administración por causa de la existencia de una cesión ilegal? La respuesta es sencilla, el ciudadano con sus impuestos.

Es por este motivo por lo que hago esta propuesta radical, que los cargos políticos y los técnicos que con sus informes avalen una actuación claramente fraudulenta, respondan solidariamente con su patrimonio de las consecuencias que por sentencia firme se puedan establecer. En este caso, me parecería razonable un incremento de las retribuciones de esos puestos y cargos, pues, en estas circunstancias, si que habría una autentica responsabilidad que merecería ser compensada y abonada.

La clase política, así como determinados puestos técnicos de la Administración, no pueden quedarse al  margen de la progresiva extensión de la responsabilidad empresarial, incluso en el ámbito penal.

Como siempre estoy abierto a vuestras opiniones, críticas y sugerenias

>Una nueva semana y un nuevo Plan de Choque sobre la mesa en materia laboral, en esta ocasión por medio del Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, o lo que es lo mismo, un programa meramente coyuntural destinado a establecer bonificaciones a la contratación (a tiempo parcial y para determinados colectivos), y a fomentar la participación en políticas activas de empleo y en planes formativos (mediante una ayuda económica de 400 €).

Como el propio Decreto-Ley señala, el mismo contiene una serie de medidas urgentes, temporales, y por tanto que no abordan los problemas reales de nuestro mercado laboral. El primer paso para robustecer el empleo pasa, antes de incentivar la creación de empleos temporales y a tiempo parcial, por rebajar de un modo general las cotizaciones a la seguridad social de las empresas, y por otro, por revisar las causas por despido objetivo establecidas tras la entrada en vigor de la Ley 35/2010, limitando las mismas.

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores contiene suficientes elementos de flexibilidad laboral dentro de las empresas, de medo que las msimas puedan adaptarse a su entorno sin necesidad de acudir, desde un primer momento, a la amortización de puestos de trabajo. La revisión de las causas por despido poniendo coto al mismo, y la reducción general de las cuotas a la Seguridad Social, (sin necesidad de acudir al sistema de bonificaciones que no hace sino crear empleo precario y temporal manteniendo la dualidad de nuestro mercado de trabajo), serían herramientas útiles para frenar la sangria en la perdida de puestos de trabajo, y a partir de ahí, favorecer la contratación estable y de calidad, poniendo fin de un modo progresivo a la brecha existente entre trabajadores fijos y temporales.

En resumen, una vez más se hecha en falta una visión a largo plazo en la regulación del mercado laboral, siendo cada vez más frecuente la adopción de medidas cortoplacistas que favorezcan, de un modo real, la salida a la actual situación de crisis económica.

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