>Esta semana no os voy a aburrir con un artÃculo de carácter puramente laboral, sino que, partiendo de esa base, voy a reflexionar sobre un cambio que considero imprescindible en nuestro ordenamiento jurÃdico. ¿Cual serÃa ese cambio?…Pues algo tan complejo y dÃficil de conseguir como establecer la responsabilidad solidaria de la clase polÃtica, asà como de los técnicos responsables de la respectiva Administración Pública, en aquellos supuestos en que se produzca una clara y evidente actuación fraudulenta o irregular por parte de la Administración Pública.
Despues de acumular a mis espaldas unos cuantos años de lucha frente a las Administraciones Públicas, he ido descubriendo que, en buena medida, muchos de los conflictos surgidos en las mismas se derivan de la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones de los cargos polÃticos y de los técnicos que asesoran a los mismos. Solo desde esta perspectiva, se puede entender como desde las Administraciones Públicas se realizan actos claramente fraudulentos en materia laboral (despidos improcedentes, contrataciones temporales en fraude de ley, evidentes cesiones ilegales de mano de obra, discriminaciones salariales en función del mayor o menor grado de cercanÃa personal del trabajador, etc.).
Cuando uno no asume las consecuencias de sus actos, a diferencia de lo que sucede con un empresario que responde de su negligente gestión con su patrimonio, la consecuencia no puede ser otra que la generalización del fraude y el amiguismo. Por desgracia, a lo largo de estos últimos años, he tenido que asistir a múltiples procesos en los cuales, el motivo para cesar a un trabajador, no tenÃa otra explicación que haber sido contratado por el gobierno saliente, empleado que por supuesto habÃa sido contratado en fraude y cuyo sustituto también será contratado en fraude por el nuevo gobierno. ¿Quien asume el enorme gasto que para las arcas públicas supone afrontar esas indemnizaciones?¿Quien asume las consecuencias de seguir engordando una Administración por causa de la existencia de una cesión ilegal? La respuesta es sencilla, el ciudadano con sus impuestos.
Es por este motivo por lo que hago esta propuesta radical, que los cargos polÃticos y los técnicos que con sus informes avalen una actuación claramente fraudulenta, respondan solidariamente con su patrimonio de las consecuencias que por sentencia firme se puedan establecer. En este caso, me parecerÃa razonable un incremento de las retribuciones de esos puestos y cargos, pues, en estas circunstancias, si que habrÃa una autentica responsabilidad que merecerÃa ser compensada y abonada.
La clase polÃtica, asà como determinados puestos técnicos de la Administración, no pueden quedarse al margen de la progresiva extensión de la responsabilidad empresarial, incluso en el ámbito penal.
Como siempre estoy abierto a vuestras opiniones, crÃticas y sugerenias
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