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Bofetada judicial a la Generalitat: mala fe y ocultación en el ERE de Canal Nou

Hoy, 5 de noviembre de 2013, se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia relativa al despido colectivo y, como muchos ya esperábamos, el resultado ha sido que se ha declarado la nulidad del mismo por múltiples y diversas razones. Lo cierto es que visto el proceder durante el proceso de la Generalitat Valenciana y sus asesores, (Garrigues y PWc), el resultado era ciertamente previsible.

Entrando en materia, los motivos que han conducido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a declarar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo ejecutado por su radio y televisión son los siguientes:

1. Ocultación de información relevante durante el período de consultas: Una de las primeras críticas que la sentencia realizada a la actuación llevada a cabo por la Televisión Valenciana es que se ocultó a los representantes de los trabajadores, durante las primeras reuniones del período de consultas, el informe que habría sido elaborado por la firma PwC en lo relativo al coste de la externalización de los servicios. Documento que señala la propia sentencia que se retiró de forma consciente del informe de PwC, ocultándoselo a los representantes de los trabajadores.

2. Falta de concreción de los trabajadores afectados con la consecuente falta de transparencia: Todo despido colectivo debe someterse a los requisitos formales establecidos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como también al Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, que era el que se encontraba vigente en el momento de iniciar la negociación del ERE. Dentro del listado de documentación que debe ser entregada durante el periodo de consultas, señala el artículo 8.c) del Real Decreto 801/2011 que se incluye:

c) Relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su defecto, concreción de los criterios tenidos en cuenta para designar a los mismos y período a lo largo del cual está previsto efectuar las extinciones de los contratos de trabajo.

Reprocha el Tribunal Superior de Justicia a la empresa que ni antes de iniciarse el periodo de consultas, ni durante el desarrollo del mismo, no aportó ni la relación nominativa de los trabajadores afectados por el despido colectivo ni los criterios de selección fijados para determinar los afectados. La falta de transparencia de la Televisión Valenciana durante este proceso resultaba de tal magnitud que el propio Tribunal Superior señala en la sentencia que:

“La fijación y contenido de aquellos criterios en la fase de inicio del proceso negociador resultaban ser ambiguos, subjetivos y genéricos, arrojando poca luz para poder negociar y una patente dificultad para llegar a definir cuales serían en la práctica los criterios de selección a aplicar a la plantilla, e impidiéndose así, con un mínimo de seguridad, llegar a delimitar o a acotar los criterios de elección del personal sobre el que se tenía proyectado implantar la medida de resolución contractual que afectaba a más del 70 % de la plantilla existente.”

La sentencia no deja lugar a dudas. la actuación de la Generalitat resultó como mínimo arbitraria, sin respetar las mínimas garantías legales que permitieran determinar los criterios seguidos para elegir a los trabajadores objeto de despido.

3. Alteración de los afectados por el ERE una vez acordado el despido colectivo por la empresa: Siguiendo con el punto anterior la empresa no solo ocultó los criterios seguidos para decidir los trabajadores afectados por el ERE si no que, una vez acordado este, y decididos los colectivos que iban a ser despedidos, decide cambiar sobre la marcha las personas efectadas. Podemos resumir estos hechos en que la Televisión Valenciana decidió despedir a trabajadores inicialmente no afectados por el ERE, Y al mismo tiempo mantener a trabajadores que si que iban a ser despedidos. Estos cambios en los listados, favoreciendo a determinados trabajadores en detrimento de otros, vulneraría el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.

4. El periodo de consultas, un “paripé” por parte de la empresa: Tal y como señala el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, el período de consultas con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad.  Dispone también el precepto que durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. En este punto recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Valencia los múltiples incumplimientos empresariales, tanto por la documentación ocultada durante el período de consultas, como por la absoluta falta de transparencia en la elección de los trabajadores afectados por el ERE.

Aunque se produjeron durante el período de consultas variadas reuniones, ofertas y contraofertas, discusiones y quejas,el Tribunal Superior considera que aquellas venían ya enmarcadas dentro de un resultado predeterminado, que debía concluir con el ajuste laboral programado en base a unas concretas y pautadas directrices que aparecían delimitadas, marcadas y condicionadas al proyecto elaborado dentro del informe PwC, a cuyo diseño se debía reconducir todo el gran proyecto de reestructuración pretendido con la idea final de acometer la externalización o subcontratación de los servicios. Llama la atención que en el desarrollo de las consultas –ciertamente corto para la envergadura de la medida pero legal en cuanto al plazo — pese a las medidas alternativas planteadas por los representantes de los trabajadores, tales como, prejubilaciones, reducciones de jornada, suspensiones de contrato, bajas voluntarias incentivadas, reducciones del salario, etc., no fueran aceptadas ninguna de ellas p0r la empresa. en definitiva, todo obedecía a un plan inicial del cual la Generalitat Valenciana no se desvío en ningún momento, y este plan era ejecutar 1.198 despidos. Esta era la cifra de ceses prevista en el informe de PwC y este fue el número de despidos finalmente ejecutado.

5. En resumen, muy mala fe empresarial: Concluye el Tribunal Superior señalando que la actuación empresarial estaba movida por la mala fe. Los numerosos incumplimientos formales, la falta de transparencia, la alteración de los trabajadores afectados por el despido y, en definitiva, la ejecución de un plan preestablecido tendente a amortizar 1.198 despidos sin concesión alguna aboca a considerar que la empresa actuó con mala fe. No olvidemos que el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores exige a ambas partes que durante el período de consultas deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

Resulta increíble la negligencia de las administraciones  a la hora de adoptar decisiones que afectan a las arcas públicas. La asesoría jurídica de la Generalitat, Garrigues y PwC han culminado un proceso de despido colectivo que pasará a ser analizado en las facultades de derecho como manual de como no se debe desarrollar un Expediente de regulación de Empleo.

Por si esto fuera poco, horas después de hacerse pública la sentencia, la Generalitat Valenciana ha comunicado el cierre, si, el cierre, de su radio y televisión. Su venganza no es recurrir la sentencia que anulaba el 70% de los despidos, su venganza es despedir al 100% de la plantilla. Espero que ningún cargo público tenga la poca vergüenza de hablar en el futuro de “respeto a las decisiones judiciales”

Para los interesados en leer la sentencia completa, se puede descargar pinchando AQUÍ. Despido esta entrada con un precioso video elaborado por el personal de la Televisión Valenciana sobre el ERE que les afecta y que hoy, por desgracia, cobra mucha más fuerza.


 

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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