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El funcionario/estatutario temporal en fraude de ley sí se puede convertir en indefinido

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En este blog hemos abordado en diversas ocasiones la problemática relativa a la masiva contratación fraudulenta que se produce en el ámbito de las administraciones públicas españolas, especialmente en los servicios sanitarios y educativos. En diversas entradas ya pusimos de manifiesto que, desde el punto de vista de nuestro despacho de abogados, la conversión del personal temporal con nombramiento estatutario o funcionario en indefinido no solo era posible, sino que era la respuesta lógica que se derivaba de dicho nombramiento irregular. Para muestra esta entrada (anterior a la sentencias del Tribunal de Justicia de la UE) y esta otra (en este caso posterior a las sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2016).

Desde diferentes sindicatos, (en las entradas señaladas podéis encontrar varios ejemplos), se señaló que la conversión del personal estatutario/funcionario en situación fraudulenta en indefinido resultaba absolutamente imposible, hasta el punto de llegar a afirmar que los pocos abogados que defendíamos dicha postura engañábamos a nuestros clientes. Pues bien, el tiempo pone a cada uno en si sitio y nos ha dado la razón. Los sindicatos se equivocaron, y mucho.

El 12 de diciembre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribual Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia reconociendo a una trabajadora estatutaria temporal contratada fraudulentamente, y que había sido cesada, la condición de trabajadora indefinida, condenando al servicio de salud a proceder a su inmediata readmisión y a mantenerla en el puesto de trabajo hasta que el mismo se cubra de forma reglamentaria en un proceso selectivo o se amortice, teniendo en todo caso esta trabajadora el derecho a ser indemnizada cuando se produzca cualquiera de estos dos acontecimientos. Esta sentencia del TSJ de País Vasco tiene una gran trascendencia, dado que señala con toda claridad que se debe extender a la jurisdicción contencioso-administrativa la jurisprudencia del orden social, destacando que:

“Y de otro la respuesta tan concreta en este caso que prácticamente lo deja resuelto, que proporciona el Tribunal de Justicia de la Unión en la sentencia antes referida y a cuyo texto nos remitimos pero que podemos resumir en que, en efecto, la solución al caso consiste en aplicar la misma jurisprudencia consolidada en el Orden Jurisdiccional Social respecto de la utilización abusiva de contrataciones temporales de empleados públicos, esto es, anular la extinción y considerar la relación como indefinida no fija, por lo tanto prolongando la misma en el tiempo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza”

Y por lo que respecta a la futura indemnización por cobertura definitiva de la plaza o amortización señala la sentencia que:

En el supuesto de ser necesario su cese, justificado este, percibirá la interesada la indemnización señalada por el TJUE de mantenerse las circunstancias actuales. Y todo ello en razón a que del Auto antes citado se infiere que la actora fue nombrada sin atender a los límites objetivos que configuran el nombramiento de naturaleza temporal”

Es decir, lo que el Tribunal Superior de Justicia nos está indicando es que el personal funcionario o estatutario que se encuentre contratado en fraude tras acumular diversos contratos temporales transforma su relación en indefinida, con derecho a la estabilidad en el empleo, de modo que su cese solo puede producirse por la cobertura reglamentaria de la plaza o por una amortización legalmente justificada, teniendo en todo caso derecho a percibir, llegado este momento, una indemnización de 20 días por año trabajado.

Esta solución ya la había anticipado de forma bastante clara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos de sus sentencias de 14 de septiembre de 2016, y es que resulta evidente que en el ámbito de la función pública España ha incumplido sistemáticamente la cláusula quinta de la Directiva 1999/70, del Consejo de 28 de junio de 1999, en la medida que no ha puesto en marcha ninguna de las tres medidas exigidas por esta normativa comunitaria para prevenir la utilización sucesiva y abusiva de los contratos temporales, y en que consistirían en:

a) establecer razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos o relaciones laborales temporales;

b) fijar la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;

c) señalar el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.

Ante este incumplimiento por parte de España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 14 de septiembre de 2016, asunto C-184/15, demandante Martínez Andrés señaló que:

 En la medida en que en los litigios principales no existe ninguna medida equivalente y eficaz de protección respecto del personal que presta servicios en las Administraciones públicas en régimen de Derecho administrativo, la asimilación de dicho personal con relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores indefinidos no fijos, con arreglo a la jurisprudencia nacional existente, podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo marco.”

Exactamente en el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en otra de sus sentencias de 14 de septiembre de 2016, en este caso la relativa al Asunto C-16/15, demandante Pérez López.

 Por otro lado, en lo que atañe al margen de apreciación de que dispone la Administración cuando se trata de crear puestos estructurales, cabe recordar que la existencia de tal modalidad, que permite la creación de un puesto fijo, al igual que la consistente en convertir un contrato de duración determinada en una relación laboral por tiempo indefinido, puede ser un recurso eficaz contra la utilización abusiva de los contratos temporales (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, apartado 170).

Hasta en dos sentencias dictadas el 14 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo avalaba la conversión de un nombramiento estatutario/funcionario temporal en un contrato de naturaleza indefinida como consecuencia del fraude. ¿Como es posible que no pocos sindicatos ocultaran esta información a sus afiliados que sufren la precariedad en las administraciones públicas?. Es más, ¿a que se debe que de forma sistemática criticaran a los que defendíamos que era posible obtener este nombramiento indefinido?

Aquellos empleados públicos estatutarios y funcionarios que esperen obtener una indemnización por cese desde un contrato de interinidad están abocados al fracaso. El tiempo y las sentencias han demostrado que la única forma de acceder a una posible indemnización es reclamar antes la condición de trabajador indefinido, y esto es lo que deberían hacer los empleados públicos contratados en fraude o sometidos a sucesivos contratos temporales sin causa. El que espere, lo más probable es que se encuentre con una nueva reforma laboral que le deje sin este derecho.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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