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El Supremo corta alas a las empresas en los EREs

El 20 de marzo del 2013 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictaba una sentencia muy esperada por los laboralistas tras la entrada en vigor, en febrero del año anterior, de la reforma laboral. Desde ese momento estábamos expectantes por conocer el criterio  del Tribunal Supremo sobre la nueva regulación de los despidos colectivos y la tramitación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Sin duda, una de las materias donde la reforma laboral introdujo mayores modificaciones.

Pues bien, como señalaba, esas dudas han comenzado a disiparse, fijando el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo los primeros criterios interpretativos que, de ahora en adelante, deberán ser tenidos en cuenta a la hora de llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo.

Lo primero. El Tribunal Supremo ratifica la sentencia dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anulaba el Expediente de Regulación de Empleo efectuado por el entramado de empresas de la familia López Gallego, dando la razón por tanto a los representantes de los trabajadores y a los sindicatos que habían impugnado ese ERE.

Los motivos por los cuales el Tribunal Supremo anula el ERE efectuado por esta empresa son fundamentalmente dos. El primero de ellos la inexistencia de un auténtico período de consultas entre empresa y representantes de los trabajadores. El segundo, la falta de aportación por la empresa de la documentación exigida para iniciar un periodo de consultas, con la incidencia que esto tiene sobre la negociación de las condiciones del ERE.

Vamos por partes. Por lo que respecta a la voluntad real de negociación, esta es una exigencia que viene recogida en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, donde literalmente se establece que:

La consulta con los representantes legales de los trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilida

Más importante aun es la parte del artículo 51.2 del ET donde se indica:

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.

La conclusión a la que llega el Tribunal Supremo en la sentencia que analizamos es que, por la parte empresarial, no existió en ningún momento una voluntad real de negociación, manteniendo la empresa una postura inamovible desde el inicio del período de consultas.

Mucha más relevancia tiene para el Tribunal Supremo la segunda circunstancia, relativa a que la empresa no entregó a los representantes de los trabajadores, de cara a la celebración del periodo de consultas, la memoria explicativa y la documentación exigida por el art. 51.2 del Estatuto de los Trabajadores, así como el Reglamento que regula los procedimientos de Regulación de Empleo. No se trata aquí de detallar la documentación mínima que toda empresa debe aportar para llevar a cabo un ERE, (los más curiosos lo descubriréis en la sentencia y la normativa que os he señalado anteriormente), pero si que es importante señalar que para el Tribunal Supremo la entrega de esta documentación no constituye solo el cumplimiento de un requisito formal del procedimiento, sino que lo que es más importante, se constituye en un elemento determinante a la hora de analizar si existe una autentica voluntad negociadora de la empresa. No puede existir negociación cuando los representantes de los trabajadores carecen de la información necesaria para poder negociar con las debidas garantías. En palabras del Tribunal Supremo:

“Además, la relatada conducta omisiva en la aportación de esa documentación mínima y la desinformación que produjo de manera inevitable en los representantes de los trabajadores, en el presente caso afectó a la realidad de la existencia de un verdadero periodo de consultas, y no tanto porque no se moviesen la posiciones empresariales en el curso de las tres reuniones, sino porque a lo anterior se une también el dato significativo de la referida desinformación de los representantes de los trabajadores y la constancia inicial y final inamovible de extinguir desde el principio y sin información relevante la totalidad de los contratos de trabajo aparentemente sostenidos únicamente con la empresa “Talleres López Gallego. S.L.”. Estos hechos entonces privaron realmente de contenido al legalmente exigible periodo de consultas y le otorgaron la condición de lo que la sentencia recurrida califica por parte de la empresa de mera intención de cumplimentar un trámite formal.

Un último detalle muy importante. La sentencia la ha dictado la Sala General del Tribunal Supremo integrada por todos sus miembros. Esto quiere decir que nuestro Tribunal quiere mandar un mensaje muy claro a navegantes. Hagan las cosas bien y tengan voluntad negociadora o de lo contrario sus ERE serán anulados.

Seguiremos atentos a las próximas sentencias del Tribunal Supremo para ir delimitando con mayor precisión la jurisprudencia sobre los Expedientes de Regulación de Empleo tras la reforma laboral.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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