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El TJUE condena a España por la abusiva contratación temporal de los funcionarios

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Hace unos meses defendía en este blog que los empleados públicos con relación funcionaria/estatutaria, ya fuera temporal o interina, podían reclamar judicialmente su condición de personal indefinido siempre que estuvieran sometidos a un fraude en su contratación. Fundamentaba jurídicamente mi postura en diversos argumentos, que podrían resumirse en los siguientes:

1. El artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público incluye el contrato indefinido como una de las modalidades contractuales legales en el ámbito de las administraciones públicas, (si bien centrado inicialmente en el personal laboral aunque en mi opinión extrapolable a personal funcionario y estatutario por aplicación de la Directiva comunitaria 1999/70).

2. Debemos considerar como contratación abusiva aquella que implique el encadenamiento irregular de contratos temporales, pero también la que suponga formalizar un único contrato que resulte fraudulento, entre los cuales debemos incluir los nombramientos de carácter interino que superen el plazo máximo legal para la cobertura definitiva de la plaza.

3. Existe una consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establece que el fraude en la contratación del personal laboral, ya sea temporal o interino, conduce a declararlo como personal con la condición de indefinido no fijo.

4. El plazo máximo para la cobertura definitiva de una plaza es de tres años, tal y como se establece en el art. 70.1 del EBEP. Esta normativa tiene la condición de legislación básica estatal y resulta de aplicación tanto al personal funcionario como al personal estatutario de cualquier administración, ya sea estatal, autonómica o local.

5.Existen en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-administrativo sentencias que han analizado el artículo 70.1 del EBEP y han alcanzado la misma conclusión que en la jurisdicción social, esto es, el plazo de tres años contenido en el Estatuto Básico es de carácter improrrogable, de modo que el incumplimiento del mismo incluso conduciría a la caducidad de una Oferta de Empleo Público ya iniciada. En este sentido sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de junio de 2014.

6. Las más recientes sentencias de la jurisdicción contencioso administrativa, relativas a personal estatutario, han declarado a trabajadores temporales como indefinidos no fijos atendiendo a su contratación fraudulenta. (Sentencias de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 20 de abril de 2016 -caso que llevé personalmente- y de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Castilla La Mancha de 31 de marzo de 2014).

En base a todos estos argumentos defendía en este blog, con las debidas cautelas de todo jurista, que el personal estatutario y funcionario de carácter temporal, ya fuera por haber encadenado contratos fraudulentos sucesivos, ya fuera por estar contratado interinamente durante más de tres años (aunque solo hubiese firmado un contrato), cubriendo plazas vacantes que la administración no sacaba a provisión en la OPE correspondiente, habría adquirido la condición de empleado público indefinido y así podría reclamarlo judicialmente.

Esta postura sufrió furibundos ataques, especialmente y aunque resulte chocante de las organizaciones sindicales, que en todo momento intentaban frenar a sus afiliados para que no reclamasen judicialmente alegando que era imposible que el personal funcionario pudiese adquirir la condición de indefinido. Para muestra esta nota de prensa de CCOO que habrá que reprocharles a la vista de la sentencia que ha dictado el 14 de septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y es que el TJUE ha sentenciado, nada más Y NADA MENOS, que la legislación española es contraria al derecho comunitario, en concreto al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE, en la medida en que a los empleados públicos con relación laboral que han sido víctima de una abusiva concatenación de contratos de duración determinada se les concede el derecho al mantenimiento del empleo mediante su reconocimiento como personal indefinido no fijo, mientras que por contra, este derecho al mantenimiento del empleo se le deniega a los empleados públicos, sometidos a los mismos abusos y fraudes si tienen la condición de funcionarios o estatutarios. En otras palabras, el TJUE condena a España por no equiparar legalmente a todos los empleados públicos víctimas de un fraude contractual (laborales, funcionarios y estatutarios), de modo que todos ellos puedan mantener el empleo mediante el reconocimiento judicial de su condición de personal indefinido no fijo.

La sentencia del TJUE es absolutamente contundente en este aspecto, señalando literalmente que “en la medida en que no existe ninguna medida equivalente y eficaz de protección respecto del personal que presta servicios en las Administraciones Públicas en régimen de derecho administrativo, la asimilación de dicho personal con relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores indefinidos no fijos, con arreglo a la jurisprudencia nacional existente, podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo Marco.

Blanco y en botella. El personal funcionario y estatutario sometido a un contrato temporal abusivo puede reclamar judicialmente la condición de personal indefinido no fijo en aras al mantenimiento de su empleo mientras la plaza que ocupa no se cubra definitivamente en la correspondiente OPE, siendo esta una medida que los juzgados y tribunales deberán considerar como apta para sancionar los abusos cometidos por la administración. Es más, el reconocimiento del personal estatutario y funcionario como indefinido también implicará su derecho a ser indemnizados en caso de cese por cobertura o amortización de plaza, tal y como ya se hace respecto del personal laboral de las administraciones públicas.

Ahora, sin duda, ha llegado la hora de reclamar judicialmente la estabilidad en el empleo para estos cientos de miles de empleados públicos.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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