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La reforma de la Reforma Laboral

Un año, este el plazo que ha tardado en Gobierno en modificar aspectos sustanciales de la Reforma Laboral y, como por desgracia viene siendo habitual, acude a la vía del denominado “Decretazo” para hacerlo, que esta ocasión recibe el nombre de Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Empieza a ser una práctica habitual de nuestros gobernantes el uso y el abuso de la figura del Real Decreto-ley, mecanismo en principio de carácter extraordinario, que evita el dialogo  y la negociación con el resto de los grupos parlamentarios y, que al mismo tiempo, permite llevar a cabo modificaciones legislativas de calado por un trámite especialmente urgente, por más que en la mayoría de situaciones no exista esa urgencia. El RDL 11/2013 es un claro ejemplo de esta situación, su aprobación el 2 de agosto de este año, en plena “operación salida” de vacaciones, es un síntoma evidente del intento de evitar que su contenido sea conocido no solo por la ciudadanía, sino incluso de buena parte de los profesionales del derecho. Por si esto fuera poco, el Gobierno decidió que esta reforma laboral encubierta entrará en vigor al día siguiente al de su publicación el BOE, lo cual tuvo lugar el 3 de agosto. Una vez más no se ha respetado la “vacatio legis” de 20 días para permitir a los ciudadanos y profesionales conocer el contenido de la normativa antes de su entrada en vigor, más aun si tenemos en cuenta la fecha escogida para aprobarla, en pleno mes de agosto. Por último es preciso denunciar que en esta ocasión el Gobierno ya ni se toma la molestia de explicar por qué es necesario cambiar el Estatuto de los Trabajadores de forma tan urgente, simplemente lo hace y punto.

Entrando en materia, el RDL 11/2013 introduce cambios profundos en todos los procesos de negociación colectiva contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, al modificar los artículos 40, (movilidad geográfica de carácter colectivo), 41, (modificación sustancial de carácter colectivo), 47, (expediente de regulación temporal de empleo de carácter colectivo), 51, (expediente de regulación de empleo colectivo) y 82, (descuelgue de convenio). También se introducen cambios en la cotización del contrato parcial y en las prestaciones por desempleo, pero centraré esta entrada en las modificaciones efectuadas en el Estatuto de los Trabajadores, que podemos resumir en las siguientes:

1. Exigencia de que en todos los procedimientos de negociación colectiva la consulta se lleve a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita la negociación a los centros afectados por el procedimiento. Con esta modificación, desaparece la posibilidad de que la consulta se realice separadamente por centros de trabajo, lo cual supone modificar en este campo el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, (como podéis observar el Reglamento sobre ERE aprobado por este mismo Gobierno no ha tardado ni 8 meses antes de ser modificado, triste récord de improvisación). Además, se prevé que la comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el periodo de consultas, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa. Asimismo se establece que la comisión representativa de los trabajadores debe quedar constituida antes del inicio del periodo de consultas, previéndose expresamente que la falta de constitución de tal comisión no impide la apertura ni el transcurso del periodo de consultas, (lo cual supone en la práctica forzar el desarrollo del período de consultas en el plazo máximo legalmente previsto).

2. En segundo lugar, el RDL 211/2013 establece mecanismos, en aras a una supuesta seguridad jurídica, que limitan la posibilidad de que un trabajador pueda recurrir la causa de su despido dentro de un Expediente de Regulación de Empleo. Así, si existe una impugnación colectiva del Expediente de Regulación de Empleo ejecutado por la empresa, la sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial que pudiera producirse tendría eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales. En consecuencia, la demanda que pudiera presentar un trabajador a título individual, frente al acuerdo judicial o sentencia que pudiera dictarse, quedaría limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda colectiva. Sin duda estamos ante una modificación realmente polémica y posiblemente inconstitucional. Imposibilitar el acceso individual a la tutela judicial ante un despido colectivo podría vulnerar el artículo 24 de la Constitución Española.

3. Se modifica el artículo 51 del Estatuto de los trabajadores limitando la documentación que deberá aportar la empresa durante el período de consultas del ERE. Al margen de la memoria explicativa de las causas del despido colectivo y de los restantes aspectos señalados en el escrito de comunicación que sigue inalterado, se procede a eliminar del Estatuto la expresión “toda la información necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo” sustituyéndola ahora por otra donde se indica que la empresa únicamente deberá aportar “la documentación contable y fiscal y los informes técnicos”, todo ello en los términos establecidos reglamentariamente. Esta última modificación está especialmente pensada para beneficiar la ejecución de despidos colectivos por parte de las grandes multinacionales cuyos ERE, hasta ahora, tenían un elevado riesgo de ser anulados al tener beneficios en el conjunto del conglomerado empresarial, aunque pudieran tener pérdidas o una simple disminución de beneficios en alguna de sus unidades. Las facilidades otorgadas ahora provocarán, sin duda alguna, que a la vuelta del verano asistamos a un auténtico aluvión de despidos colectivos en grandes empresas internacionales.

Por desgracia, me temo que esto es solo el principio de lo que se avecina, pues el Gobierno ya ha mostrado su intención de adoptar nuevas modificaciones legales para intensificar el alcance de la Reforma Laboral a partir de septiembre. Agárrense que vienen curvas.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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