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Las reclamaciones que el FOGASA no conteste en 3 meses se considerarán estimadas por silencio administrativo

El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo. Entre sus funciones, y en los términos establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, es el responsable de abonar las indemnizaciones legales por despido y los salarios adeudados a los trabajadores en aquellos supuestos en que la empresa se encuentra en situación de insolvencia. Este abono se realizará respetando en todo caso los límites fijados en el propio Estatuto de los Trabajadores.

En los últimos años los medios de comunicación han denunciado, en no pocas ocasiones, la situación de colapso existente en el Fondo de Garantía Salarial, así como la insuficiencia de medios para hacer frente al trabajo derivado de la crisis económica. Retrasos de uno o dos años en el cobro de los salarios o indemnizaciones que debía abonar el Fogasa han sido lamentablemente frecuentes. Estos retrasos afectan a trabajadores en situación de especial vulnerabilidad, aquellos que no cobran desde hace meses su sueldo y que son despedidos sin indemnización alguna. Precisamente por esto debemos alegrarnos de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015, dictada en casación para la unificación de doctrina, y por la cual se pone freno al abuso derivado del retraso en la actuación del Fogasa, otorgando una mayor protección a estos trabajadores más vulnerables.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo empieza recordando en esta sentencia que, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.7 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el plazo máximo de que dispone el Fogasa para dictar resolución será de tres meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud. Es decir, que una vez que un trabajador haya presentado su solicitud reclamando el abono de los salarios o indemnizaciones adeudadas por la empresa insolvente para la que trabajaba, el Fogasa está obligado a resolver esa petición en el plazo máximo e ineludible de tres meses.

Pero, ¿que sucede si el Fogasa deniega la petición del trabajador transcurridos más tres meses desde que la esta se presentó?. Bien, pues esta es precisamente la pregunta a la cual da respuesta la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de marzo de 2015, disponiendo que de darse esta circunstancia, la petición inicial del trabajador deberá considerarse estimada por silencio administrativo. Para llegar a esta conclusión, el Supremo se apoya en el 43.1 de la Ley 30/1992, el cual dispone que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legítima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo. Por otra parte, el Supremo destaca que conforme al art. 43.2 de la citada Ley 30/1992, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, lo que provoca que en caso de dictarse una resolución expresa posterior por la administración, la misma solo puede dictarse para confirmar lo ya previamente estimado por silencio.

El silencio administrativo es una garantía que impide que los derechos de los particulares se vacien de contenido cuando la administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones que tiene legalmente encomendadas, de modo que las resoluciones expresas extemporaneas de la administración no pueden enervar los derechos que, en este caso, ya le habrían sido reconocidos al trabajador por medio del silencio administrativo.

Las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo son inmediatas. Todos aquellos trabajadores que hayan solicitado al Fogasa el abono de salarios o indemnizaciones pendientes de pago por sus anteriores empresas, y cuya petición ha superado los tres meses sin respuesta por la administración, deberán tener a la misma por estimada por silencio administrativo. En consecuencia, una resolución posterior del Fogasa desestimando la petición sería contraria a derecho, debiendo ser recurrida.

Del mismo modo, aquellos trabajadores cuya solicitud se hubiera desestimado de forma expresa transcurridos más de tres meses, y que hubieran recurrido dicha resolución del FOGASA en vía administrativa o judicial, podrán ampliar sus reclamaciones administrativas o sus demandas judiciales acogiéndose a esta doctrina casacional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Lo que queda fuera de toda duda, es que de ahora en adelante, al FOGASA le saldrá muy caro no resolver las peticiones formuladas por los trabajadores a su debido tiempo.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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