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Los ERE de TeleMadrid y Diputación de Ourense, tumbados por desproporcionados

Cuando hace más de un año el Gobierno aprobó la Reforma Laboral por medio del Real Decreto-Ley 3/2012, fueron muchos los que echaron las campanas al vuelo pensando que con esta normativa desaparecía, o cuando menos se limitaba, el control judicial de la proporcionalidad o razonabilidad en la decisión empresarial de llevar a cabo un despido de carácter colectivo o individual. Resultaba fácil sostener esta postura cuando en la propia Exposición de Motivos de la Reforma Laboral se señalaba que:

“La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre. Más allá del concreto tenor legal incorporado por diversas reformas desde la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, tales referencias incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos despidos, que ha venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas.”

El objetivo de la Reforma Laboral, visto lo anteriormente señalado, era que el juez debería limitarse a verificar que concurren las causas tasadas y predeterminadas en la Ley para extinguir un contrato de trabajo, sin juicios de valor o de proporcionalidad sobre la decisión adoptada. En la linea marcada por la Exposición de Motivos, se eliminó de los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores toda mención a la necesaria razonabilidad del despido o a la necesidad de que este contribuya a mejorar la situación económica de la empresa, estableciendo al mismo tiempo presunciones que automáticamente convertirían al despido en procedente.

Con semejante escenario legal los grandes despachos de abogados de empresa consideraron que el legislador había eliminado, o al menos reducido sustancialmente, el control judicial sobre la decisión empresarial de acometer despidos colectivos o individuales. Se equivocaron. Se quedaron con lo inmediato y se olvidaron de nuestra doctrina constitucional y de la normativa laboral internacional.

La causalidad de todo despido, así como la necesidad de razonar y acreditar las causas del mismo, están presentes en los más tempranos inicios de nuestra doctrina constitucional. Ya en la STC 22/1981, puso de manifiesto el Tribunal Constitucional que:

“El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa. En su dimensión colectiva el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma.”

Mas amplio aun es el contenido del Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo, al señalar en su artículo 5 que:

“No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.”

El Convenio 158 de la OIT entra de lleno en la necesidad de acreditar la existencia de necesidades de funcionamiento en la empresa que hagan necesario extinguir los contratos de trabajo. Es decir, no cabe romper un contrato de trabajo sino concurre una justa causa. No caben los despidos arbitrarios, sino los despidos razonables.

Las primeras sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia tras la Reforma Laboral parecían encontrarse cerca del postulado formulado por el Gobierno en la Reforma Laboral y, en líneas generales, no entraban a valorar la razonabilidad o proporcionalidad de los despidos, limitándose a declarar la procedencia de éste si concurrían las causas objetivas definidas en la Ley. Pero en las últimas semanas dos sentencias, en concreto la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativa al despido colectivo de Telemadrid, y la del Tribunal Superior de Justicia en el ERE efectuado por la Diputación Provincial de Ourense, parecen atisbar un cambio de tendencia. Cambio que pasaría por valorar la proporcionalidad y razonabilidad de los despidos, entrando en mayor sintonía con la doctrina constitucional y la normativa laboral internacional.

La primera sentencia en marcar este nuevo camino ha sido la de 9 de abril de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el despido colectivo tramitado por su televisión regional. La sentencia declara como hecho probado que los presupuestos de Telemadrid fijaban una disminución de los mismos entre un 5 y un 10 por ciento en el periodo 2012-2014. En base a esta disminución de los ingresos, la empresa proponía amortizar 925 de los 1.161 puestos de trabajo de Telemadrid y sus diversos entes. Para poder seguir llevando a cabo su actividad se externalizaría parte del trabajo en empresas privadas. Sobre esta base, nos recuerda el TSJ de Madrid en su sentencia que:

“La justificación del despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que áquella provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y 3º) Mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder a esa necesidad.”

A la vista del durísimo ajuste en despidos propuesto por la dirección de Telemadrid,  señala en esta misma sentencia que:

“El número de despidos y la afectación de la medida es tan extenso que afecta mayoritariamente al sector de los contratos sometidos al convenio colectivo, dejando fuera, con la nueva estructura propuesta, prácticamente los contratos de alto valor en el gasto de personal. Desde esta premisa puede llegarse a la conclusión de que el recurso al despido masivo no está justificado porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a la causa económica alegada (…..) ” También resulta importante este otro párrafo donde se señala que “(….) no es suficiente para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a un servicio público, por lo que se ha podido constatar, una reducción presupuestaria, entre un 5% a 10%, no parece justificar la idoneidad de la medida extintiva (….)” En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid construye una interesante premisa de cara al futuro, la razonabilidad como proporcionalidad, se convierte en una técnica de ponderación de los sacrificios.

En una línea muy semejante se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 2 de mayo de 2013, que resuelve el despido colectivo efectuado en la Diputación Provincial de Ourense. A diferencia de lo acontencido en Telemadrid, en este caso la disminución presupuestaria no alcanzaba el 3% y el número de trabajadores afectados ascendía a 25. Como dato “curioso” podemos señalar que al mismo tiempo que la Diputación negociaba el despido de estos 25 trabajadores, contrataba a dos cargos de confianza asciendo su salario total a 120.000 euros anuales. Personal de confianza que, vaya ironía, había sido indemnizado pocos días antes por la misma Diputación al cerrarse el ente provincial para el que prestaban servicios. En la misma linea que la marcada en el caso TeleMadrid, señala la sentencia del TSJ de Galicia que:

“(….) si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación económica puede provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de todos los puestos. y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de plantilla fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Baloncesto o al Fútbol, tal como expuso el Letrado de los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar sino todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos.

Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultaneamente a la tramitación de un  ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual aproximados de 120.000 euros”

No creo que están sentencias sean incompatibles con la Reforma laboral, más bien creo que la Reforma, (que se nota que fue redactada por economistas y no por laboralistas), ignoró algunos de los pilares básicos del derecho del trabajo, como por ejemplo la necesaria causalidad, razonabilidad y proporcionalidad de todo despido. Desconozco si estas dos sentencias serán una gota en un océano, o por el contrario constituirán el inicio de una corriente judicial. El tiempo nos lo dirá.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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