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Los Tribunales intentan frenar el abuso político en el nombramiento de funcionarios por libre designación

Cuando el 12 de abril del año 2007 se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, fueron muchos los que pensaron que con el se culminaba el proceso de organización y racionalización del empleo público, creando a través de sus diversos artículos un sistema equitativo de derechos y obligaciones para todos los trabajadores al servicio de las administraciones públicas, con independencia de la ente, organismo u administración para la cual prestaran servicios, y al margen del vínculo que le uniera a la misma, (funcionario, estatutario o laboral). Es innegable que el Estatuto Básico supuso un avance  en los derechos de los empleados públicos, tanto en cuanto a materializar su derecho a la carrera profesional, como por  armonizar  las licencias y permisos de todos ellos. Pero el legislador, que no toma sus decisiones a la ligera, se guardó una serie de privilegios, tanto para salvaguardar los intereses de la propia clase política, como para dejar sin efecto los avances alcanzados en los derechos de los empleados públicos.

Empezando por el final, el legislador se garantizó  la posibilidad de dejar unilateralmente sin efecto cualquier pacto o acuerdo alcanzado, en cualquier administración pública, con los representantes de los trabajadores. Para garantizar esta posibilidad el artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se redactó del siguiente modo:

“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.”

Rebaja salarial de entre el 5% y el 12% a todos los empleados públicos en el año 2010, supresión de la paga extra de diciembre del año 2012, rebaja de los permisos y licencias que el propio Estatuto Básico había reconocido pocos años antes, eliminación de las compensaciones por trabajar en domingos y festivos,  etc. Queridos lectores, seguro que todos  conocéis estas medias e, incluso muchos, las habréis sufrido. Ahora ya sabéis cual es el origen.

Pero junto a la posibilidad de romper unilateralmente cualquier acuerdo firmado, el legislador se garantizo con el Estatuto Básico un alto grado de discrecionalidad a la hora de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo existentes en la administración.

Por un lado el Estatuto Básico introdujo a través de su art. 12 la figura del personal eventual, eufemismo de lo que comunmente conocemos como “asesor político”. Se trata de puestos de trabajo de carácter no permanente designados discrecionalmente por el cargo político de turno, destinados a realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, y que sin embargo no son  retribuidos con cargo a los presupuestos de la formación política para la cual prestan servicios, si no con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin en la administración que corresponda. Ahora ya podemos decir que el nombramiento “a dedo” es plenamente legal.

Por el otro, el legislador aumentó el grado de discrecionalidad política en la cobertura de los puestos de trabajo del personal funcionario, flexibilizando con la nueva  redacción del art. 80 del Estatuto Básico del Empleado Público la provisión de puestos mediante el sistema de libre designación, en lo que podríamos calificar como una auténtica deslegalización de los mecanismos constitucionales y tradicionales de cobertura de vacantes. Señala este artículo 80.1 y 2 del EBEP que:

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

Como se puede observar tres son las claves que permiten acudir a la provisión de puestos por el sistema de libre designación, la discrecionalidad, la responsabilidad y la confianza. Tanto la confianza como la discrecionalidad son elementos sin contenido jurídico pero si con contenido político, por lo cual podríamos decir que el único límite para el empleo de la libre designación es su reserva para los puestos de responsabilidad.

Desde la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Publico el número de puestos de personal funcionario cubiertos por el sistema de libre designación se ha incrementado sustancialmente, práctica política que por fortuna ha encontrado una notable replica judicial. Para explicar esta situación utilizaré la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 30 de octubre del 2013, (Procedimiento Ordinario 586/2011), en la cual tuve la fortuna de lograr que se anulara la relación de puestos de trabajo de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia por uso indebido de la cobertura mediante libre designación.

Nos recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que la confianza no puede ser el único o principal elemento caracterizador de los puestos reservados a los funcionarios de carrera que tienen establecido el sistema de provisión mediante la libre designación, pues ello resulta contrario al principio de profesionalización proclamado por nuestro ordenamiento jurídico. La propia Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sus sentencias de 24/11/2010 y 21/05/2012, ya bajo la vigencia del Estatuto Básico del Empleado Público, aprecian que la elección del procedimiento de libre designación para la provisión de determinados puestos de trabajo incluidos en la RPT del personal funcionario de la administración autonómica y de sus organismos y entes públicos dependientes exige una motivación específica, una justificación concreta de las razones por las que, a partir de los cometidos propios del puesto de trabajo, concurren los requisitos legalmente establecidos para que se provea por este procedimiento de libre designación; justificación que es necesaria desde el momento en que el Estatuto Básico del Empleado Público no altera la consideración que merecen el concurso como el medio normal de provisión de los puestos vacantes, siendo la libre designación la excepción. No olvidemos que la Constitución Española exige en su artículo 103.3 que en el acceso a la función pública se respeten los principios de igualdad y mérito, principios que difícilmente pueden encajar con los de discrecionalidad y confianza que maneja el cargo político.

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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