El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo. Entre sus funciones, y en los términos establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, es el responsable de abonar las indemnizaciones legales por despido y los salarios adeudados a los trabajadores en aquellos supuestos en que la empresa se encuentra en situación de insolvencia. Este abono se realizará respetando en todo caso los límites fijados en el propio Estatuto de los Trabajadores.

En los últimos años los medios de comunicación han denunciado, en no pocas ocasiones, la situación de colapso existente en el Fondo de Garantía Salarial, así como la insuficiencia de medios para hacer frente al trabajo derivado de la crisis económica. Retrasos de uno o dos años en el cobro de los salarios o indemnizaciones que debía abonar el Fogasa han sido lamentablemente frecuentes. Estos retrasos afectan a trabajadores en situación de especial vulnerabilidad, aquellos que no cobran desde hace meses su sueldo y que son despedidos sin indemnización alguna. Precisamente por esto debemos alegrarnos de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2015, dictada en casación para la unificación de doctrina, y por la cual se pone freno al abuso derivado del retraso en la actuación del Fogasa, otorgando una mayor protección a estos trabajadores más vulnerables. Read More →

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una sentencia que allana el camino a la deslocalización y el dumping salarial entre los países de la UE. Se trata de una sentencia de enorme transcendencia social que, curiosamente, no ha tenido eco ni en los grandes medios ni en las páginas especializadas en cuestiones jurídicas.

(Publicado en eldiario.es, 23/09/2014)

Muchas personas celebran hoy la dimisión como ministro de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, como si su abandono de la política pusiera fin a su programa de reformas y retrocesos en materia de Justicia. Gallardón se ha ido, pero sus leyes, de momento, permanecen.

Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Justicia impulsó un amplio programa de reformas que han supuesto, en numerosas ocasiones, un retroceso de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagradas en la Constitución.

Los que a diario pisamos los juzgados hemos sido testigos privilegiados del intenso deterioro de la Justicia durante el mandato de Ruiz-Gallardón. Paralización en la creación de nuevas unidades judiciales, falta de cobertura de vacantes, severa restricción en el uso de jueces sustitutos, etc. Medidas que han provocado una Justicia aún más lenta en plena crisis económica, cuando su rapidez resultaba, si cabe, más necesaria. Gallardón no ha sido capaz de solucionar los problemas de la Justicia, sino que los ha agravado.

Por si esto no resultara suficiente, el todavía ministro de Justicia es el artífice de la puesta en marcha de una de las leyes más injustas de la historia de nuestra democracia. Me refiero, obviamente, a la Ley de Tasas Judiciales. Con Gallardón, que un ciudadano o una empresa pueda acudir a la Justicia se ha convertido en un privilegio al alcance de muy pocos, algo que las estadísticas del Poder Judicial acreditan trimestre tras trimestre, con una continua caída de los recursos que llegan a los Tribunales Superiores de Justicia y, especialmente, al Tribunal Supremo. Desde la Abogacía seguimos esperando a que se aclare el destino de lo recaudado en tasas judiciales pues, a pesar de las promesas que en su día hizo Gallardón, las tasas judiciales no se están destinando a mejorar la justicia gratuita.

Tampoco podemos olvidar que Gallardón ha sido el causante de la privatización del Registro Civil o del recorte presupuestario para sostener el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos más desfavorecidos.

No sabemos quién asumirá la cartera de Justicia, pero sí sabemos que la persona que la ocupe tiene encima de la mesa numerosas leyes en fase de tramitación, las cuales supondrían un paso más en los recortes en materia de Justicia iniciados por Gallardón: la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la reforma del Código Penal (cambios popularmente conocidos como Ley Mordaza), la Ley de Colegios Profesionales y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (que podría dificultar aún más el acceso a la Justicia si desaparecen los partidos judiciales, así como el control político sobre la judicatura), entre otras.

Esperemos que la nueva política ministerial se base en el diálogo con todos los partidos políticos y operadores jurídicos, el consenso en la toma de decisiones y la recuperación de los derechos y libertades que han sido restringidos, como el derecho a la tutela judicial efectiva por causa de la Ley de Tasas Judiciales.