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A los grandes despachos se les atraganta la Reforma Laboral: la sentencia Coca-Cola

coca-cola fuenlabrada

En los primeros meses del año 2012 pude asistir a diversos seminarios y mesas redondas que analizaban la puesta en marcha de la Reforma Laboral aprobada en febrero de ese año. Todos estas conferencias, impartidas por grandes despachos de empresa como Garrigues, Cuatracasas o Sagardoy tenían un denominador común, sustituir el rigor técnico y jurídico por una suerte de fanatismo poco riguroso sobre las bondades de esa Reforma. En esas charlas pude observar como se invitaba a las empresas a ejecutar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o despidos de carácter colectivo, prometiendo a todas ellas que tras la flexibilidad impuesta por la Reforma Laboral no habría Juez ni Juzgado capaz de frenar estos despidos. Se equivocaron. Se equivocaron hasta el punto de que más de la mitad de los ERE tramitados en estos dos años, y que han acabado en el juzgado, han sido declarados nulos o contrarios a derecho.

El último ejemplo de esta situación lo hemos tenido a raíz de la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre el despido colectivo ejecutado por Coca-Cola Iberia Partners, que se encontró asesorada en todo el proceso negociador y judicial por Sagardoy Abogados . Read More →

Cinco minutos para comprender como te están dejando #SinJusticia

El Supremo declara que la relación de los tertulianos periodísticos es laboral

Sin duda una de las profesiones más afectadas por la crisis económica y laboral en la que nos encontramos es el periodismo. Becarios, falsos autónomos u ofertas de empleo que exigen una inversión al propio periodista para poder trabajar son solo algunos de los ejemplos de los abusos laborales que se están consolidando respecto de estos profesionales. Otro ejemplo lo encontramos en los periodistas que participan de forma continuada y periódica en tertulias de radio o televisión, pero que sin embargo son contratados mercantilmente por estos medios de comunicación con el fin de evitar asumir los costes de una relación laboral ordinaria.

Esta última situación ha sido precisamente abordada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de febrero de 2014, dictada en Sala General, lo cual pone de manifiesto el interés del Tribunal Supremo por resolver cualquier duda sobre su posición al respecto. La sentencia analiza el despido del periodista Carlos Carnicero por parte de la Cadena Ser, y en ella se recoge como hecho probado que el trabajador prestaba servicios como colaborador en diversos programas de la Cadena Ser desde el 4 de septiembre del año 1994. Los programas en los que intervino eran: Hora 25, La Ventana y La Ventana de Verano. La retribución de este periodista se efectuaba a través de facturas, en número de doce al año, pues la relación que unía a ambas partes era mercantil y no laboral. La cuestión que se plantea ante el Tribunal Supremo es, en definitiva, la de determinar si la relación de Carlos Carnicero era efectivamente una relación de carácter mercantil o, si por el contrario, nos encontraríamos ante una relación laboral, con las características propias de amenidad y dependencia, lo cual determinaría el carácter fraudulento de la relación que la Cadena Ser imponía a este periodista. Read More →

El Supremo amplia el concepto de accidente “in itinere”

En nuestro sistema de Seguridad Social, la incapacidad puede obedecer a diversas contingencias, distinguiéndose entre las que son de origen común, (enfermedad común y accidente no laboral), y aquellas otras cuyo nacimiento obedece a causas profesionales, (enfermedad profesional y accidente laboral). 

Dentro de los accidentes laborales nuestra jurisprudencia ha incluido los denominados accidentes “in itinere”, que podríamos definirlo como aquel que tiene lugar al ir o al volver del lugar de trabajo, debiendo ocurrir en el tiempo inmediato o razonablemente próximo a la hora de entrada o salida del trabajo, siempre que el accidente tenga lugar en el trayecto usual u ordinario desde un domicilio habitual, sin desvíos para realizar otras actividades que no sea volver al domicilio, y siempre que el medio de transporte empleado sea racional o adecuado. Read More →

EL Supremo pone fin al abuso de las administraciones con los contratos de colaboración social

Hoy abordaré en el blog la importante sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de enero del año 2014, la cual modifica la jurisprudencia existente hasta esa fecha respecto de los contratos de colaboración social.

El “contrato temporal de colaboración social” nace con los arts. 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, que estableció diversas medidas de fomento del empleo, y con en el art. 213.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS ). Este contrato, para su validez, debe cumplir dos requisitos esenciales: “a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad”; y “b) Tener carácter temporal”. El primero de estos requisitos aparece en idénticos términos en la LGSS y en el R.D. 1445/1982. El segundo requisito sin embargo, el de la temporalidad, aparece así en el artículo 213 de la LGSS pero en el R.D. 1445/1982 lo que se dice es lo siguiente: “b) Que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido”. Existe por tanto una contradicción aparente entre ambas normas, pues mientras la LGSS se limita a señalar que debe tener carácter temporal, el RD 1445/1982 señala que la duración del contrato estará vinculada al tiempo de prestación pro desempleo que le quedara por disfrutar al trabajador.

La crisis económica ha sido utilizada como excusa por muchas administraciones públicas para utilizar, o tal vez sería más correcto decir abusar, de este tipo de contratos. El descenso del gasto público y la continua amortización de puestos de trabajo en las administraciones públicos ha sido el caldo de cultivo perfecto para que los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o entidades de derecho público se hayan acogido a esta modalidad contractual. Las administraciones han obligado a los desempleados a realizar este tipo de tareas no remuneradas, a las que se sumaba un complemento económico para garantizar el salario mínimo interprofesional. Eso sí, la norma permite que estas personas desaparezcan de las estadísticas oficiales de desempleados mientras ejecutaban estos contratos.

Entrando al análisis de la sentencia, y en concreto a que debemos entender por trabajos de utilidad social o en beneficio de la comunidad, el Tribunal Supremo recuerda que el legislador no define cuales son esos trabajos. Ahora bien, considera que es razonable entender que todo trabajo realizado para una Administración Pública que se corresponda con los fines institucionales de ésta es, en principio, un trabajo de utilidad social y que redunda en beneficio de la comunidad, habida cuenta de que, por imperativo constitucional, “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales” ( art. 103.1 CE ). Por tanto, salvo casos excepcionales de desviación de poder, se puede afirmar que los trabajos realizados para cualquier Administración Pública cumplen el requisito exigido por el art. 213.3 a) LGSS y, en idénticos términos, por el art. 38 Uno a) del R.D. 1445/1982 , sin necesidad de que dichos trabajos tengan una especial connotación “social” (por ejemplo, relacionados con la asistencia social) y pudiendo además consistir en tareas meramente instrumentales. En este punto el Supremo no se desvía de la jurisprudencia previa existente al respecto.

La gran novedad se encuentra por tanto en relación con la temporalidad de estos contratos. Hasta la fecha el Supremo consideraba que la temporalidad se encontraba vinculada a la propia duración de la prestación por desempleo del trabajador acogido a estos contratos de colaboración social, pero este criterio ha sido corregido para amparar a los desempleados y evitar los fraudes que se estaban produciendo por parte de las Administraciones Públicas. El Supremo señala ahora que la temporalidad de los contratos de colaboración social no está en función de la duración máxima del vínculo, que se relaciona con la de la prestación de desempleo, sino que debe predicarse del trabajo objeto del contrato. En efecto, lo que dice el art. 213.3 de la LGSS es que dichos trabajos de colaboración social, en todo caso, deben reunir los requisitos siguientes: “… b) tener carácter temporal”. La exigencia de temporalidad va referida al trabajo que se va a desempeñar y actúa con independencia de que se haya establecido una duración máxima del contrato en función de la propia limitación de la prestación de desempleo. En pocas palabras, el trabajo encomendado debe responder a una necesidad temporal de la propia administración, teniendo autonomía y sustantividad dentro de la propia actividad administrativa. Ya no cabe la posibilidad de emplear el contrato de colaboración social para utilizar a desempleados en el desempeño de actividades normales y permanentes de una administración pública.

Los miles de desempleados que ahora mismo están prestando servicios mediante los contratos de colaboración social están en disposición de reclamar la contratación en fraude de ley a la cual se encuentran sometidos y, en consecuencia, pueden lograr que se declare su condición de personal laboral indefinido no fijo de la administración para la cual están trabajando. Recordemos que el artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores señala que se presumirán por tiempo indefinido los contratos celebrados en fraude de ley. Del mismo modo, llegada la fecha de fin del contrato, estos trabajadores podrán reclamar la improcedencia de su despido, obteniendo el abono de la indemnización correspondiente.

El paro de marzo de 2014: Mucho ruido y pocas nueces

Hoy se han publicado por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social los datos relativos al paro registrado en los servicios públicos en marzo del 2014. La nota de prensa del Ministerio, como era de esperar, se centra en los aspectos más positivos de los datos registrados, señalando que el paro se ha reducido en 16.620 personas en el mes de marzo. A su vez, el número de afiliados a la Seguridad Social aumento en 83.984 de media en marzo, situándose en un total de 16.296.288. Con ser ciertos, la verdad es que el diablo siempre se esconde en aquellos datos que a principio pueden parecer superfluos, y a eso destino precisamente esta nueva entrada del blog. Read More →