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>Una reforma necesaria…

>Esta semana no os voy a aburrir con un artículo de carácter puramente laboral, sino que, partiendo de esa base, voy a reflexionar sobre un cambio que considero imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cual sería ese cambio?…Pues algo tan complejo y díficil de conseguir como establecer la responsabilidad solidaria de la clase política, así como de los técnicos responsables de la respectiva Administración Pública, en aquellos supuestos en que se produzca una clara y evidente actuación fraudulenta o irregular por parte de la Administración Pública.

Despues de acumular a mis espaldas unos cuantos años de lucha frente a las Administraciones Públicas, he ido descubriendo que, en buena medida, muchos de los conflictos surgidos en las mismas se derivan de la falta de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones de los cargos políticos y de los técnicos que asesoran a los mismos. Solo desde esta perspectiva, se puede entender como desde las Administraciones Públicas se realizan actos claramente fraudulentos en materia laboral (despidos improcedentes, contrataciones temporales en fraude de ley, evidentes cesiones ilegales de mano de obra, discriminaciones salariales en función del mayor o menor grado de cercanía personal del trabajador, etc.).

Cuando uno no asume las consecuencias de sus actos, a diferencia de lo que sucede con un empresario que responde de su negligente gestión con su patrimonio, la consecuencia no puede ser otra que la generalización del fraude y el amiguismo. Por desgracia, a lo largo de estos últimos años, he tenido que asistir a múltiples procesos en los cuales, el motivo para cesar a un trabajador, no tenía otra explicación que haber sido contratado por el gobierno saliente, empleado que por supuesto había sido contratado en fraude y cuyo sustituto también será contratado en fraude por el nuevo gobierno. ¿Quien asume el enorme gasto que para las arcas públicas supone afrontar esas indemnizaciones?¿Quien asume las consecuencias de seguir engordando una Administración por causa de la existencia de una cesión ilegal? La respuesta es sencilla, el ciudadano con sus impuestos.

Es por este motivo por lo que hago esta propuesta radical, que los cargos políticos y los técnicos que con sus informes avalen una actuación claramente fraudulenta, respondan solidariamente con su patrimonio de las consecuencias que por sentencia firme se puedan establecer. En este caso, me parecería razonable un incremento de las retribuciones de esos puestos y cargos, pues, en estas circunstancias, si que habría una autentica responsabilidad que merecería ser compensada y abonada.

La clase política, así como determinados puestos técnicos de la Administración, no pueden quedarse al  margen de la progresiva extensión de la responsabilidad empresarial, incluso en el ámbito penal.

Como siempre estoy abierto a vuestras opiniones, críticas y sugerenias

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About Fabián Valero Moldes

Fabián Valero Moldes (Vigo, 1975). Soy Licenciado en Derecho y abogado en ejercicio desde el año 2006. Me dedico a la abogacía y la consultoría, y soy especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Colaboro con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, pero también con medios de prensa nacionales y autonómicos y con editoriales especializadas como Francis Lefevre. Creo y defiendo que la Justicia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. Si quieres localizarme escríbeme un email: fvalero@nexolaboral.com

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